Me parece que hoy ha sido un buen día para la justicia en Puerto Rico. Recientemente hemos sufrido dos asesinatos que reflejan los niveles de insensibilidad a los que hemos llegado. En el primer caso nos sorprendió la noticia de que una fiscal fue asesinada llegando a su hogar luego de salir de su trabajo en horas de la madrugada. Esto ocurrió la semana pasada. Luego esta semana nos sorprendió la noticia de una joven que fue asesinada en su cuarto de un hospital luego de dar a luz.
Durante la mañana de hoy el Secretario de justicia junto al Superintendente de la Policía y otros funcionarios relacionados ofrecieron una conferencia de prensa para indicar que ya se habían hecho arrestos con relación a ambos casos. Me parece que esto es una noticia espectacular debido a que en nuestra isla hay mucho pesimismo con relación a la criminalidad y el enclarecimiento de casos de asesinatos.
Sin embargo, tengo una preocupación por algo que surge en la conferencia de prensa, y que aparentemente los medios noticiosos no se han percatado, ya que no lo mencionan en sus artículos noticiosos.
El Secretario de Justicia aclaró que el asesinato de la fiscal no estuvo relacionado a la profesión de ella, como se había estado especulando en la última semana. Se indica en la conferencia de prensa que ella fue víctima de un carjacking, en el cual unos malhechores la vieron transitar sola en un auto que le gustó a uno de ellos y decidieron seguirla para robarle el vehículo. Se indica además que esto “le pudo haber sucedido a cualquiera”, y se indica también que estos individuos andaban “de cacería ” esa noche. Mi preocupación surge por una expresión que hizo el Secretario de Justicia: “Se va a re-adiestrar a los fiscales para que repasen medidas de seguridad y derecho a tener armas”. Esto último se refiere al procedimiento especial que establece la Ley de Armas en PR para que ciertos funcionarios del gobierno puedan obtener licencia de armas y permiso de portación de forma rápida, fácil y a bajo costo. Esta distinción de clases es la que ocasiona el que un grupo de más de 700 ciudadanos presentaran el año pasado una demanda de clase para que se declarará a la ley de Armas como una inconstitucional. La demanda fue ganada por la parte demandante, pero el Secretario de Justicia se encuentra apelando esta decisión.
Es lamentable que el mismo Secretario de Justicia que quiere repasar a los fiscales su derecho a tener armas, y que plantea que el asesinato de la fiscal fue uno incidental no relacionado a la profesión de ella, pero que le pudo ocurrir a cualquiera, sea la misma persona que se opone a que los ciudadanos decentes y responsables de PR puedan disfrutar del mismo derecho que plantea para los fiscales. Según se desprende de la conferencia, la víctima del asesinato pudo haber sido mi esposa, mi hija, una prima, o cualquier otra persona querida, pero estas personas no deberían tener el mismo derecho que los fiscales de Puerto Rico.
¿Hasta cuando permitiremos que se nos siga midiendo con varas distintas?