A continuación incluyo la columna que sometimos la semana pasada a El Nuevo Día, y que ellos publicaron el 3 de marzo de 2026, pero que luego eliminaron de su página web:
¿Tiene sentido mantener la inspección vehicular anual en Puerto Rico?
Por: Ing. Carlos M. Contreras Aponte
Exsecretario de Transportación y Obras Públicas
Cada año, cientos de miles de conductores en Puerto Rico visitan una Estación Oficial de Inspección, pagan $20 y obtienen el certificado necesario para renovar la licencia de su vehículo. La intención es legítima: promover seguridad vial y proteger la calidad del aire. La pregunta necesaria es si el sistema realmente está cumpliendo ese propósito.
Durante años ha sido un secreto a voces que, en muchos casos, la inspección no se realiza con el rigor que exige la ley. Vehículos son certificados sin una revisión completa de luces, frenos u otros componentes esenciales. El ciudadano paga y recibe el certificado, pero no siempre existe garantía de que su auto fue evaluado conforme a los estándares establecidos. Cuando un sistema pierde credibilidad, corresponde revisarlo.
La inspección en Puerto Rico tiene dos componentes: uno de seguridad, bajo la Ley 22-2000, y otro ambiental, requerido por la Ley federal de Aire Limpio. Ambos persiguen fines válidos. Sin embargo, la experiencia en Estados Unidos demuestra que no existe un modelo uniforme. Solo 13 estados exigen inspecciones periódicas de componentes de seguridad, y en materia de emisiones más de veinte jurisdicciones no requieren pruebas ambientales, o las limitan a áreas metropolitanas con problemas documentados de calidad de aire.
Puerto Rico no enfrenta actualmente designaciones federales generalizadas por incumplimiento en estándares de calidad de aire que obliguen a un esquema universal permanente. La propia legislación federal permite solicitar exenciones cuando las condiciones lo justifican.
Ante este panorama, resulta razonable evaluar una alternativa: Eliminar la inspección anual obligatoria para vehículos privados y fortalecer la fiscalización directa en la vía pública. La Policía de Puerto Rico ya tiene autoridad para intervenir con vehículos que representen riesgos reales —luces defectuosas, neumáticos en mal estado o sistemas de freno inadecuados—. Un modelo basado en intervenciones efectivas puede resultar más útil que depender de una certificación anual que no siempre refleja la condición real del vehículo.
Cualquier reforma debe hacerse con planificación. Implicaría evaluar una posible solicitud de exención ambiental ante la EPA, enmendar la Ley 22 y mantener requisitos diferenciados para vehículos comerciales o de alto uso, donde el interés público es mayor.
Es natural que surjan objeciones, particularmente de sectores económicos vinculados al modelo actual. No obstante, el propósito del Estado no es preservar trámites, sino garantizar seguridad real y eficiencia administrativa.
La política pública debe evaluarse periódicamente. Si un sistema no produce los resultados esperados, corresponde ajustarlo. La seguridad vial es demasiado importante para descansar en un trámite cuya efectividad es incierta, y la protección ambiental debe basarse en datos concretos.
Revisar la inspección vehicular anual no es improvisar; es ejercer responsabilidad. El debate debe darse con seriedad, evidencia y sentido común.