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Las 2 Caras de la Junta de Supervisión Fiscal

Ayer en la Milla de Oro de Hato Rey ocurrió una protesta de camioneros frente al edificio en donde se encuentran las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La protesta ocurre como consecuencia de que la JSF desautorizó un aumento que había aprobado el gobierno estatal en las tarifas de acarreo que pueden cobrar los camioneros, y que la JSF entiende puede tener un efecto negativo en la economía, sin tomar en consideración las décadas que han pasado desde que se estableció la tarifa vigente. A continuación incluyo una cita y el enlace a un reportaje que habla de este asunto:

Source: Los camioneros advierten a la JSF que podrían “paralizar” el país – El Nuevo Día

El aumento que había sido aprobado era de un 15% sobre las tarifas vigentes que habían sido establecidas hace más de 32 años cuando el costo de vida era mucho menor. Uno podría pensar que finalmente la JSF se apiada del pueblo para protegernos de aumentos abusivos, pero debemos tomar con mucho cuidado esta aseveración. La realidad es que la oposición surge porque este aumento es sólo de provecho económico a los camioneros, y no porque afecta negativamente al bolsillo del pueblo.

Desde que llegué al mando del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en el 2017 la JSF estuvo tratando de forzar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) el que implementara un aumento en las tarifas de los peajes de las autopistas que pertenecen al estado. Estas son la PR-20, PR-52, PR-53, y PR-66. Sin embargo la petición no se limitaba a estos aumentos. Los consultores de la JSF también solicitaban que se establecieran nuevas plazas de peajes en los segmentos expreso de la PR-2 en el sur de Puerto Rico, así como en la PR-30, e incluso en la PR-26 en el tramo entre el aeropuerto y San Juan. Indicaban estos consultores en su desconocimiento de nuestra isla, y mostrando que sólo habían diseñado sobre un mapa de carreteras, que ese tramo de la PR-26 era usado principalmente por residentes con dinero de Isla Verde y Condado, y por turistas, por lo que no habría problemas con el pago de dicho peaje.

La instrucción directa y precisa que recibí del gobernador Rosselló en ese momento era que bajo ninguna circunstancia yo podía acceder a ninguna carga impositiva de la JSF que afectara el bolsillo de los puertorriqueños. Así se lo deje saber a la JSF en una de las vistas públicas que realizaron en el Centro de Convenciones.

Con el tiempo los consultores de la JSF se percataron de lo absurdo de crear nuevas plazas de peajes en carreteras que hoy se transitan de forma gratuita, pero no cesaron en su empeño de imponer un aumento en las plazas existentes. Llegó a tanto su empeño, que pretendían que la ACT a mediados de diciembre pasado, y faltando menos de dos semanas para el cambio de gobierno, publicara un anuncio público para anunciar las vistas públicas que se requieren en el caso que la ACT quisiera hacer cambios o establecer nuevos peajes, de manera que ya se impusiera ese aumento a la administración entrante.

La JSF solicitaba que para el 1 de julio de 2021 se hiciera un aumento de tarifa del 8.5%, y que para el 1 de julio de 2022 se impusiera otro aumento de 8.5%. Esto equivale a subir el costo de la plaza de peaje de Caguas Norte de $1.50 a $1.65 en julio de este año, y en julio de 2022 a $1.80. Luego de estos dos fuertes golpes, del año 2023 en adelante el aumento sería de 1.5% más el por ciento de aumento de costo de vida en los Estados unidos, el que para ser justos puede ser más estable que el de PR. Obviamente yo no estaba de acuerdo con estos aumentos y consulté con la gobernadora Wanda Vázquez para saber su postura con respecto a los mismos ya que ciertamente cuando ella llegó a la gobernación yo ya no era Director Ejecutivo de la ACT, por lo que no había discutido antes el asunto con ella. Su instrucción fue que no era apropiado en ese momento imponer ese aumento y que se le debería dar la deferencia al gobernador entrante a poder negociar este asunto con la JSF. Luego de esa instrucción procedí a solicitar a la Directora Ejecutiva de la ACT para que circulara a la Junta de Directores de la ACT para publicar el anuncio solicitado por la JSF. El secretario del DTOP preside esa junta de directores, la cual también está compuesta por el secretario de Hacienda, la presidenta de la Junta de Planificación, y el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). . También se supone hay otros tres puestos, pero los mismos están vacantes. Sin embargo, tanto la ley que creó a la Junta de la ACT, como el reglamento que la rige establecen que para cualquier decisión se requieren 4 votos a favor, por lo que para la decisión que teníamos que tomar, la misma debía contar con el apoyo unánime de los 4 miembros. Tan pronto recibí el referendo emití mi voto en contra del aumento y establecí que el asunto había muerto ya que los restantes votos no podían cambiar nada. No se recibieron más votos luego del mío.

¿Cuál es la razón de este escrito? Establecer que mientras la JSF trata de castigar a los camioneros desautorizando el aumento de sus tarifas que mencionamos anteriormente diz que por el efecto negativo que tendrá en la economía, no tiene reparos en imponer un aumento en las tarifas de peajes que afectarían a cientos de miles de personas que tendrían que pagarlo todos los días para poder llegar a sus trabajos, citas médicas, centros de estudios, etc. No me arrepiento de haberme opuesto a este aumento durante los cuatro años que dirigí al DTOP, y espero que la administración entrante pueda ser exitosa en evitar esta imposición, y que de no poder lograrlo ya que ciertamente la presión de la JSF es bien fuerte, que al menos puedan negociar unos aumentos más razonables para el bolsillo de los puertorriqueños.

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